UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD AL DESCUBIERTO

Maximiliano Pullaro ha comenzado a desplegar una serie de acciones para reprimir la protesta social en general y sindical en particular. Para ello está utilizando elementos que como suele decirse “son del manual de la represión”, incorporando tecnologías y estrategias comunicacionales, pero en la sustancia repite formas que hace décadas vienen implementándose en el país y Latinoamérica.

Mientras corrían los primeros meses del verano, el gobernador pasó de sus promesas de campaña a empezar a plantear una serie de cuestiones que no se encaraban desde hacía mucho tiempo: Iapos, Caja de Jubilaciones, paros, licencias docentes, etc. Y empezó en los medios una campaña inteligentemente orquestada de desacreditar gremios, dirigentes y derechos de los propios trabajadores y trabajadores; e inclusive llegar a este momento transformando la paritaria estatal en una mera reunión donde el Ejecutivo propone un porcentaje de aumento y si los gremios lo rechazan u observan, lo otorga por decreto.

Bienvenidos entonces a la democracia y el consenso versión Pullaro.

Sin embargo, fueron ocurriendo hechos que ya demostraban como era el perfil en materia de seguridad que iba a implementar la Provincia. Es necesario reconocer que si alguien se identifica y acuerda con Patricia Bullrich sabe, perfectamente, que puede esperarse de ello y quienes serán los sectores perjudicados, reprimidos y ninguneados. Detrás del problema de la seguridad en Rosario se escondía esto y ahora ya es evidente desde hace algunos meses.

La creación por parte de la propia Ministra -vía decreto- de un Consejo de Seguridad Productiva tendiente a reprimir cortes, manifestación, tomas de empresa, etc, en lugares estratégicos de la producción -en su gran mayoría agroindustrial- es grave de por sí, pero además incluye en sus fundamentos explícitamente, a la zona norte del gran Rosario y sus puertos como un territorio geográfico donde aplicar las medidas. A buen entendedor…

Cuando el Secretario General del Sindicato de Correos de Rosario, Walter Palombi, advirtió que la retención de un trabajador del gremio para pedirle documentos sin ninguna razón por parte de dos policías era un acto que excedía lo irregular, muchos miraron para otro lado o lo minimizaron. 

Al respecto es bueno recordar que en la ciudad de Santa Fe en las últimas semanas se vienen produciendo hechos que pueden resumirse en lo siguiente: la policía aborda a una persona por portación de cara y vestimenta, e intenta detenerla con un trato no muy cortés y cuando una persona sale a defenderla se lleva presa a las dos. Lo curioso es que a la víctima del hostigamiento policial la largan a las pocas horas y a quien lo defendió la retienen más tiempo y le pintan los dedos. Nada es casual.

En igual dirección hay que ubicar las razzias en Rosario a personas en situación de calle o que andan buscando comida en la basura, denunciada con lugares de manera concreta en las redes sociales.

El otro elemento que debe analizarse en profundidad y los acontecimientos ocurridos son un buen ejemplo, es el accionar policial para “liberar zonas”. Esto ocurrió en la segunda movilización contra la reforma previsional cuando se iba a votar la misma en la Cámara de Diputados. Igual escenario, prácticamente la misma cantidad de gente, los mismos gremios, el mismo motivo de convocatoria; sin embargo, en la votación en Senadores la policía puso un cordón de uniformados (sin elementos represivos sobre su vestimenta habitual) frente a las puertas de ingreso, los efectivos caminaban entre los manifestantes sin problemas, no había un seguimiento desde los techos de la Legislatura pormenorizado. En la última, sacaron el cordón policial, había un monitoreo permanente de un par de oficiales desde lo alto, aumentaron la cantidad de drones, y primero vallaron la plaza adyacente y después la liberaron totalmente antes de que empiece la movilización. De esto parece que la mayoría de los diputados y senadores no tomó nota al respecto. 
Existieron más elementos para ir corroborando la afirmación del primer párrafo: mandar la policía provincial a acampar dentro de la fábrica de San Cor en Sunchales en el conflicto entre dicha empresa y ATILRA o la detención de un militante del Movimiento Evita haciendo una pintada en al capital provincial son algunos. de ellos. 

La Presidenta de Justicia Legítima Matilde Bruera, -ya desde el hecho de Correos- viene advirtiendo que los criterios políticos que el Ministerio de Seguridad implementa vía sus fuerzas de seguridad, avasallan derechos constitucionales sistemáticamente. La forma en que fueron realizados los allanamientos a militantes y dirigentes sindicales en las últimas horas y “el circo intimidatorio montado” es otra muestra de lo que venimos afirmando.

Ante la contundencia de los hechos, surge una advertencia: para consolidar su proyecto, Pullaro necesita un disciplinamiento social rígido, coartando, desconociendo y avasallando derechos, donde la cobertura ideológica del Gobierno de Javier Milei es indisimulable, pero que también necesita que determinados estamentos de la Justicia provincial sean funcionales a sus políticas en esta materia. 

Carlos Borgna
17.10.24